ÓSCAR DULCE RECIO - Colmenar Viejo, Madrid - 02/02/2009
Como profesor de Ética y Ciudadanía debería alegrarme de la sentencia del Tribunal Supremo, mas no puedo por menos que inquietarme. Parece ser que el decreto estatal de la asignatura salva la cara, el Gobierno puede darse un respiro; ahora las furias de los objetores podrán desviarse legítimamente contra manuales y profesores. Puedo entender "adoctrinar" al alumno como imponer una determinada ideología, evaluar conforme a la misma, algo deleznable, pero ¿debe el profesor renunciar a formular juicios que aplican los valores humanos y constitucionales a hechos o leyes del mundo en el que realmente vivimos? ¿Debe el profesor, tal vez, limitarse a explicar los valores sin aplicación alguna? ¿Cuál es el límite entre "adoctrinamiento" y el derecho a opinar sobre lo que a uno le dé la real gana? Da la impresión de que el docente debe enseñar a los alumnos a ser ciudadanos, pero él mismo no puede ejercer como tal.
Se abre la veda del profesor de Educación para la Ciudadanía: "Mamá, el profe de Ética ha hecho insinuaciones sobre la conveniencia del matrimonio homosexual, o parece que no está muy de acuerdo con el bombardeo de Gaza". "No te preocupes hijo, ahora mismo lo impugno por adoctrinamiento. Será parcial el tío".
De lo que se trata es de ahondar en la esquizofrenia entre la realidad y el valor. El alumno así, aprende en el IES que los valores son una cosa muy bonita de la que hay que examinarse y que luego está la realidad, la cual ni se juzga ni se toca.
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